
Los activistas políticos no sólo son objeto reiterado de registros domiciliarios, confiscaciones u otros actos de represión estatal, sino que también están expuestos a amenazas de grupos políticamente disidentes. Los activistas corren especial riesgo de que las autoridades accedan directamente a sus teléfonos inteligentes y deben tratar de proteger su identidad en la medida de lo posible, especialmente en Internet.